El sector alimentario gallego debate las problemáticas de la Ley de la Cadena para mejorar su cumplimiento
- Clusaga y la Fundación Juana de Vega organizaron esta mañana un almuerzo informativo para analizar la aplicación práctica de esta ley y los retos de la nueva normativa europea sobre la morosidad
- El evento, que reunió a más de 60 asistentes, contó con la directora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), del MAPA, y con el jefe del servicio de la Cadena Agroalimentaria de la Consellería do Medio Rural como ponentes
Esta mañana, el sector alimentario gallego se reunió en Santiago de Compostela para asistir a un almuerzo informativo sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, una normativa que supone un cambio significativo en las relaciones comerciales con implicaciones para todos los operadores de la cadena de valor. Esta iniciativa, organizada por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) y su reciente asociada, la Fundación Juana de Vega, sirvió para revisar el contexto normativo de esta ley, su aplicación e impacto, así como las principales obligaciones, problemáticas y retos que supone para el sector.
El evento reunió a más de 60 representantes de pequeñas y grandes empresas alimentarias y de la distribución, sindicatos, grupos de desarrollo rural (GDR), universidades y entidades sectoriales. La bienvenida corrió a cargo de Roberto Alonso, director de Clusaga; y de José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega. Entre los ponentes estuvieron Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Paula Sevilla, coordinadora del área de la Cadena e Inspección. En representación de la Xunta de Galicia, acudió Orlando Vázquez, jefe del servicio de la Cadena Agroalimentaria de la Consellería do Medio Rural. Por su parte, Simón Beceiro, del despacho Garrigues, repasó las implicaciones prácticas de la ley.
Durante la bienvenida, el director do Clúster señaló que “a sensibilización e a formación sobre os dereitos e obrigas que establece esta lei son fundamentais para o seu cumprimento e implementación efectiva, e iso é o que pretendemos conseguir con esta xornada”. Así, subrayó la importancia de que las autoridades a nivel autonómico y estatal continúen trabajando en la supervisión y aplicación efectiva de la Ley da Cadena Alimentaria, “así como na cultura empresarial baseada na transparencia, equidade e respecto entre todos os actores da cadea”. Terminó su intervención indicando que esta ley permitirá “forxar relacións comerciais máis xustas e sostibles no sector”.
Por su parte, el director de la Fundación Juana de Vega destacó la actualidad de este evento en el contexto de movilizaciones del sector primario “nas que, entre outras moitas cousas e moi diversas, reclaman uns prezos xustos que cubran os custos de produción e garantan a viabilidade das explotacións, así como un endurecemento da Lei da Cadea, que o propio presidente do Goberno xa se comprometeu a realizar”.
Diez años de la Ley de la Cadena Alimentaria
En el contexto europeo, España fue pionera con la publicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en 2013, a la que siguió la creación de una serie de instrumentos previstos en la norma y orientados a velar por el equilibro entre las partes. En 2014 se constituyó la AICA y, un año después, se ponía en marcha el Observatorio de la Cadena Alimentaria y el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
El objetivo fundamental de la ley es equilibrar las relaciones entre los distintos operadores a lo largo de la cadena, evitar las prácticas comerciales abusivas y fortalecer el poder de negociación de los productores como eslabón más débil, evitando la venta a pérdidas.
En esta década, la ley sufrió varias modificaciones orientadas a mejorar su aplicación, generalmente coincidiendo con crises de precios, o bien para introducir cuestiones derivadas de la transposición de normativa comunitaria como la Directiva 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales. “A realidade é que dez anos despois da súa aprobación os obxectivos da Lei da Cadea Alimentaria, e segundo denuncian de xeito continuado as organizacións agrarias, non acaban de alcanzarse, ou ao menos non do xeito que pretenden os produtores”, continuó José Manuel Andrade.
Con el fin de analizar estas cuestiones y las problemáticas derivadas de la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, Clusaga y la Fundación Juana de Vega consideraron de máximo interés la convocatoria de este encuentro que reunió a los principales agentes de control y supervisión a nivel estatal y autonómico.
En su turno de intervención, Gema Hernández, directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); y Paula Sevilla, coordinadora del Área de Cadena e Inspección de AICA, hicieron balance de las principales actuaciones que están llevando a cabo: cómo se desarrolla una inspección, control de prácticas comerciales prohibidas, y las principales infracciones y sectores que están siendo sancionados. Asimismo, la directora de AICA destacó la “importancia de la denuncia como herramienta para mejorar la eficacia de los controles y reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria”. A este respecto, llamó la atención sobre la posibilidad de “tramitación por vía telemática a través de la web de AICA”, y sobre “la garantía de confidencialidad del denunciante”.
Tras esto, Orlando Pablo Vázquez, jefe del Servicio de la Cadena Agroalimentaria, adscrito a la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia abordó en su ponencia la situación actual y perspectivas de futuro al respecto del control de prácticas comerciales desleales en Galicia, reguladas por la norma. “Estanse a desenvolver controis para a verificación do cumprimento desta lei no ámbito galego”, declarou o xefe do Servizo. Sobre las perspectivas de futuro, apuntó que esperan “desenvolver elementos relacionados co Observatorio de Prezos, a avaliación de custos de produción e o mantemento do valor da cadea alimentaria”.
Por su parte, Simón Beceiro, abogado y asociado del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues, se centró en las principales obligaciones de la ley, como son la formalización de contratos escritos, el contenido mínimo de los contratos, la determinación del precio y el coste efectivo de producción, plazos máximos de pago e inscripción en el Registro de Contratos Alimentarios. “A Lei da Cadea Alimentaria implica múltiples obrigas para os operadores de toda a cadea, e o seu incumprimento pode conlevar sancións de ata un millón de euros”, destacó al respecto. También abordó novedades legislativas como la “Proposta de Regulamento do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais” y de su incidencia o implicaciones en la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria.
